Entre los temas que se han desatado en los últimos días a raíz de la consulta popular orquestada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), no debemos perder de vista que se ejerció una figura democrática poco común en nuestro país.

 

Sin entrar al análisis de las repercusiones económicas y políticas que se han acontecido en virtud del resultado de la consulta popular sobre el NAIM, es de resaltar que en México por primera vez en mucho tiempo, se delegó al pueblo la decisión de un tema de carácter público e interés nacional.

 

Independientemente de que algunos estamos en desacuerdo por la manera en que se operó y ejecutó dicha consulta, no es menor el hecho de que se haya llevado a cabo de manera pacífica y sin algún incidente de gravedad.

 

Lo anterior, al parecer, ha sido bien recibido por los líderes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Así lo evidenció el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, quien señaló que se está trabajando en una iniciativa a fin de que exista una consulta popular por lo menos una vez al año.

 

Sin conocer más detalles al respecto, la iniciativa que se estaría trabajando tendría que buscar reformar la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como parte de la Ley Federal de Consulta Popular, ley reglamentaria del citado artículo constitucional y que se encuentra vigente desde inicios del 2014.

 

En el mencionado artículo 35, fracción VIII Constitucional, se dispone el derecho de los ciudadanos a votar en consultas populares, mismas que solamente podrán ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, por el equivalente al treinta y tres por ciento de cualquiera de los integrantes del Congreso de la Unión o por un grupo de ciudadanos que representen el dos por ciento de la lista nominal de electores.

 

Continúa estableciendo dicha porción constitucional, que cuando la participación total de la consulta sea igual o mayor al cuarenta por ciento del padrón electoral, el resultado tendrá carácter vinculatorio para los poderes de la unión y las demás autoridades. Asimismo, se establece que no serán objeto de consulta los temas consistentes en restricción de derechos humanos, materia electoral, el presupuesto público, la seguridad nacional y el funcionamiento de la Fuerza Armada permanente.

 

En ese sentido, para que en México exista una consulta popular al menos una vez al año, es necesario reformar la legislación mencionada, pues en principio, la consulta popular que permite nuestra Constitución sólo podrá llevarse a cabo el mismo día de la jornada electoral federal y no establece la posibilidad de que pueda ser realizada cada año.

 

Sin embargo, los legisladores deben de tomarse el tiempo de analizar debidamente la manera en que buscan utilizar la figura de las consultas populares, pues aun y cuando sea una figura que permite una democracia directa, no debe de “abaratarse” su uso, al contrario, tiene que ser utilizada de manera adecuada.

 

Lo anterior es así, pues en el hipotético escenario de que por ley exista la obligación de tener una consulta al año, podría llegarse al absurdo de convocar a los electores a tomar decisiones en temas que no tengan trascendencia nacional, perdiéndose así el sentido y el valor del ejercicio de la consulta popular, pues esta sólo deberá de ejercerse cuando existan temas que así lo ameriten.

 

Es aplaudible que haya intenciones del nuevo gobierno para poner en práctica la figura de la consulta popular, sin embargo, esto tendría que llevarse a cabo en conformidad con la legislación vigente, no de una manera improvisada y sin apego a la legislación vigente como lo fue la consulta del NAIM.

 

No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, esperemos que el gobierno entrante haya reflexionado y aprendido de los errores cometidos con dicha consulta, y tome la mejor decisión al momento de proponer una reforma en materia de consultas populares, optimizando su ejercicio y que evite un abuso de dicha figura democrática.

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