CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano promovió este lunes el Mecanismo de Montevideo como una “alternativa hacia una solución pacífica” a la crisis de Venezuela.

Además, lamentó “los enfrentamientos violentos” que tuvieron lugar en la región fronteriza de ese país con Colombia y Brasil, el sábado 23, cuando fuerzas de seguridad y grupos paramilitares venezolanos impidieron el ingreso de asistencia humanitaria.

En un escueto boletín, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lanzó un nuevo llamado para que las partes “tanto internas como externas” involucradas en la crisis en Venezuela rechacen el uso de la fuerza y busquen una “solución pacífica a la situación por la que atraviesa ese país sudamericano”.

El sábado 23, un grupo de opositores venezolanos trató de ingresar a su país con convoyes de ayuda humanitaria. Al respecto, Michelle Bachelet, Relatora para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó el “uso excesivo de la fuerza” empleado “tanto por las fuerzas de seguridad venezolanas como por grupos pro-gubernamentales armados que tuvieron como resultado al menos cuatro muertos y más de 300 personas heridas”.

Por su parte, los países miembros del Grupo de Lima –entre ellos “Venezuela”, en nombre del cual firmó el autoproclamado “presidente encargado” Juan Guaidó– lanzaron otro comunicado incendiario contra “el régimen ilegítimo” de Nicolás Maduro, en el que exigieron la “salida inmediata” del presidente de Venezuela para celebrar elecciones “organizadas por una autoridad electoral neutral y legítimamente constituida”.

También reiteraron su llamado a “todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional” venezolana y a los miembros del Poder Judicial, a reconocer la autoridad de la Asamblea Nacional y del “presidente encargado”.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá mañana para abordar la situación en el país sudamericano.

El Mecanismo de Montevideo contempla cuatro etapas: la primera plantea un “diálogo inmediato” entre Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó –quien se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela–; la segunda establece que, con base en el diálogo, se lleve a cabo un proceso de negociación, “buscando puntos en común y áreas de oportunidad para la flexibilización de posiciones e identificación de acuerdos potenciales”.

La tercera etapa consistiría en la emisión de compromisos de ambas partes, y finalmente el mecanismo concluiría con la fase de implementación de dichos compromisos.

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