El día 6 de diciembre se aprobó en la Cámara de Senadores un dictamen que reforma el artículo 19 constitucional que en breves palabras, contempla la ampliación del catalogo de delitos que ameritan una medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, los cuales son: abuso sexual, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, uso de programas sociales con fines electorales, vinculados a la corrupción, robo a transporte en cualquier modalidad y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos exclusivos de las fuerzas armadas.

De esta manera, se trabaja para que en nuestro país se investigue menos y se castigue más, es lamentable que los legisladores no comprendan los alcances negativos de esta reforma que lo único que provocará son el aumento de la detenciones arbitrarias, el aumento de las personas en los centros de reclusión, ya de por sí saturados, y el aumento de ciudadanos inocentes que pasan por un proceso de desgracia en donde las instituciones son las persecutoras, y el ciudadano principalmente el de menos recursos económicos, será el perseguido y acosado de manera constante.

Desde el año 2011 en donde el Estado Mexicano se transformó jurídicamente para dar garantías de los derechos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte, se había logrado dar pasos agigantados en dicha materia, y esta transformación iba intrínsecamente vinculada con la reforma al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral que sin duda coadyuvan en una mayor y mejor impartición de justicia.

Los Senadores de la bancada de mayoría se pasaron los derechos humanos por el arco del triunfo, olvidando que los ciudadanos gozamos del principio de presunción de inocencia, es decir, que somos inocentes hasta que no exista una sentencia ejecutoriada que diga lo contrario, prefirieron hacer caso omiso a las recomendaciones de distintas organizaciones internacionales y civiles como Amnistía Internacional y México Evalúa que a través de los años han pugnado por establecer verdaderos estados de derecho en donde sea la justicia expedita, imparcial y equitativa la que predomine, y no el acoso y la persecución de las instituciones.

Para el Estado, las instituciones, pero principalmente para los ciudadanos mexicanos es un retroceso de por lo menos 7 años de lucha constante por intentar que los derechos sean respetados, miles de mexicanos seguirán siendo enviados a la cárcel sin pena, y condenándolos sin juicioen lo que la autoridad hace sus respectivas “investigaciones”, en un país en donde se hace justicia en 1 de cada 100 delitos, en donde el 97% de los delitos no se denuncia por desconfianza en las instituciones, lo que menos requeríamos es que bajo la idea punitiva de hacer “justicia” comenzáramos un nuevo gobierno, esto no implica ideas nuevas como mencionan, es el simple retroceso a las políticas de castigo de décadas pasadas, olvidándonos de lo que un gobierno debe garantizarle a cada ciudadano; el debido proceso y sus derechos fundamentales.

 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí