CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un acopio de documentos relacionados con violaciones a derechos humanos, persecuciones vinculadas a movimientos políticos y sociales, así como de actos de corrupción, serán desclasificados, ordenados y abiertos al público por acuerdo presidencial.

En tanto, los archivos ya clasificados de 1918, cuando se creó el primer cuerpo de espionaje político, hasta 2002, quedarán abiertos a partir de la próxima semana, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una conferencia de prensa en la que se hizo acompañar del subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, así como del director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Ruiz Abreu, el mandatario sostuvo que la única limitante a la transparencia de esos archivos, será el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos.

El decreto firmado ayer por el presidente López Obrador consiste en la solicitud a toda la administración pública federal, incluidas las Fuerzas Armadas, para que entreguen información relacionada con los tópicos mencionados, la cual recibirá un tratamiento archivístico bajo un criterio que implicará cambiar el paradigma de traslado al AGN, por un procedimiento de revisión e inspección previa para su transferencia, detalló Ruiz Abreu.

La implementación del acuerdo que implica un total de 90 años de información archivada por las policías políticas, será a partir de la expedición de lineamientos para el tratamiento archivístico que deberán emitirse a más tardar en 28 días. En tanto, la coordinación con las dependencias y entidades federales, se llevará aproximadamente 180 días. Hasta entonces iniciará la transferencia documental.

100 años de policías políticas

Zoé Robledo, por su parte, refirió los diferentes momentos de cambio en las policías políticas, desde que en 1918 fue creado el primer cuerpo por el presidente de Venustiano Carranza, que se fue transformando en los siguientes 80 años.

De 1920 a 1948, los archivos serán abiertos por completo, en tanto, se implementarán criterios de reserva para la información que tenga menos de 70 años por datos sensibles, es decir, de forma de pensar, salud, origen étnico y racial, características físicas, ideología y opiniones políticas, creencias y convicciones religiosas o filosóficas, preferencias sexuales, entre otras.

Con la información que tenga menos de 30 años, la protección será por datos personales, incluyendo en este ámbito, entre otros, la edad, domicilio, teléfono, corroe electrónico, trayectoria, patrimonio, número de seguridad social y CURP.

Zoé Robledo mencionó que las desclasificaciones de archivos de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS), así como de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), realizada en 2001 y 2002, fueron simulaciones, pues sólo hubo una apertura parcial, e inclusive, presentó un reportaje del semanario Proceso de septiembre de 2015, en el que se acreditaba la perdida de acervos documentales relativos al Movimiento Estudiantil de 1968 y de la llamada “guerra sucia”.

El Cisen y el espionaje

Esta vez, además de la apertura de esos archivos, se incluirá hasta 2019 el acervo documental del sucesor de ambas dependencias, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), respecto a la que se podrán imponer reservas de entre cinco y 12 años, de conformidad con la Ley de Transparencia, cuando se presenten causales de derecho a la privacidad, protección de derechos humanos, procesos seguidos en forma de juicio en tramite o causas que puedan dañar a terceros.

En este último supuesto, se considera que está la información generada entre 1990 y la actualidad.

La desclasificación de expedientes de inteligencia, particularmente de espionaje político, implicará un esfuerzo presupuestal según confirmó el presidente López Obrador aunque no precisó cuantía. Por lo pronto, el anuncio incluye al personal del AGN, expertos en archivística y biblioteconomía, así como a becarios del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, que tengan algunas nociones del trabajo en archivos.

“Estamos hablando de archivos políticos, es lo que manejaba el Estado para perseguir a opositores. Es la Federal de Seguridad, luego fue el Cisen desde tiempos del presidente Venustiano Carranza que empezó la investigación política, el espionaje político a opositores. Y les decía que no todo lo que ahí se dice es cierto. Ahí hay muchos inventos, acomodaban la información a conveniencia. Cualquier dirigente social era tachado de subversivo”, expuso el mandatario para insistir en que, en cualquier caso, se requiere recuperar la memoria.

“Mucha gente fue reprimida sin que se les comprobara nada. Era lo que suponía los policías políticos, fue una etapa negra en la vida pública del país”, dijo.

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