Movimiento Ciudadano amagó con promover amparos colectivos a favor de las estancias infantiles tras la decisión del Presidente de la República de recortar a la mitad el presupuesto y otorgar el dinero a los padres y madres.

El senador Samuel García Sepúlveda señaló que la decisión del Ejecutivo además detonaría una acción de inconstitucionalidad que podría ser promovida por alguna de las Cámaras.

“Vemos mucha materia jurídica para corregirle la plana al Presidente, hay mucha materia jurídica para que las estancias afectadas presente un amparo colectivo y ganen para que se regrese su programa y Movimiento Ciudadano las vamos a apoyar en ese amparo.

“También estamos estudiando para ver si la Cámara de Diputados o el Senado puede presentar una acción de inconstitucionalidad, porque es una facultad exclusiva de los legisladores etiquetar el dinero, y no puede el Presidente decidir de manera unilateral”, dijo.

De acuerdo al legislador, el artículo 40, 41 y 74 de la Constitución prohíbe al Ejecutivo cambiar el destino de los recursos ya aprobado en el presupuesto. Es el Poder Legislativo que tiene la facultad exclusiva de etiquetar el dinero conforme al artículo 74 fracción cuarta.

“No puede el Presidente decidir y violar el Presupuesto y la Constitución determinando de manera unilateral el cambio del gasto público, vivimos en un país de leyes, no de ocurrencias. También se viola el artículo 134, que le prohíbe al Presidente y al secretario de Hacienda utilizar dinero que no se etiquetó en el Presupuesto en programas clientelares.

“Es obligación del Estado y rectoría del mismo etiquetar el dinero para que el niño tenga una estancia infantil segura y de calidad”, dijo.

Por lo anterior, Movimiento Ciudadano presentará un exhorto para que el Presidente, los secretarios de Hacienda y de Bienestar en un lapso de siete días informen las irregularidades de las estancias infantiles; cuáles serán las acciones que llevará a cabo, es decir, las denuncias contra quienes se beneficiaron ilícitamente; se informe si la Cámara de Diputados modificó o realizó una reasignación presupuestal con base a la cual el Presidente cancela un programa; y finalmente se exhorta al Ejecutivo y a Hacienda respetar el artículo 134.

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